Mientras tanto, el decreto y las medidas tributarias que se expidan bajo su amparo se presumen constitucionales y rigen de inmediato. El presidente Petro reaccionó a esta situación advirtiendo directamente a la Corte que “si decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave”.

Esta declaración ha sido interpretada como una presión indebida sobre el tribunal. La Corte enfrenta el desafío de evaluar si la crisis fiscal argumentada por el Gobierno constituye un hecho “sobreviniente e imprevisible” o si, como argumentan los críticos, es el resultado de una gestión previsible y el Gobierno debió usar mecanismos ordinarios como el recorte del gasto. La decisión final del tribunal no solo sellará el destino de los nuevos impuestos, sino que definirá los límites del poder presidencial.