Esta decisión se produce como respuesta directa al archivo de la ley de financiamiento en el Congreso, que dejó un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. La medida representa una escalada en la tensión entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, ya que el gobierno busca implementar por decreto una reforma tributaria que fue negada por los congresistas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmaron que el decreto ya fue firmado y radicado, argumentando que el hundimiento de la ley de financiamiento constituye un "hecho sobreviniente" que pone en riesgo la economía del país. Entre las medidas contempladas en los borradores de decretos reglamentarios se encuentra el aumento del gravamen a los movimientos financieros de 4x1.000 a 5x1.000, la ampliación del impuesto al patrimonio para fortunas superiores a 2.000 millones de pesos, y nuevos impuestos a juegos de azar, licores y extracción de hidrocarburos. La decisión ha generado un fuerte rechazo en la oposición y entre expertos juristas, quienes advierten que la medida podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por no cumplir con los requisitos de imprevisibilidad y subsidiariedad. La Corte, que tiene control automático sobre estos decretos, podría incluso convocar sesiones extraordinarias durante la vacancia judicial para analizar su viabilidad, poniendo a prueba el sistema de pesos y contrapesos institucionales del país.