La orden de detención preventiva contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, marca un punto de inflexión en el escándalo de corrupción de la UNGRD, llevando la crisis a las más altas esferas del poder ejecutivo. Esta decisión judicial representa el golpe más severo hasta la fecha a la credibilidad del autodenominado "gobierno del cambio" y su bandera de lucha contra la corrupción. La investigación se centra en la presunta existencia de una "organización criminal" liderada por los exfuncionarios para direccionar contratos millonarios desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías. Según la Fiscalía, el objetivo era asegurar el apoyo de congresistas a las reformas gubernamentales mediante la entrega de dádivas y el favorecimiento en la contratación pública. La magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, consideró que la gravedad de los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos justificaba la medida de aseguramiento en centro carcelario, negando la solicitud de detención domiciliaria. El presidente Gustavo Petro reaccionó defendiendo la inocencia de Bonilla, a quien calificó de "víctima" de extorsión y "chivo expiatorio", y cuestionó la decisión de la magistrada, recordando que fue ella quien concedió la libertad a Álvaro Uribe en segunda instancia.
Por su parte, Velasco se entregó a las autoridades en Cali, afirmando que continuará defendiendo su inocencia.
Este desarrollo judicial no solo implica a dos de las figuras más cercanas al presidente, sino que también vincula a expresidentes del Congreso como Andrés Calle e Iván Name, ya detenidos, consolidando la percepción de un entramado de corrupción que permeó tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
En resumenLa detención de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la UNGRD representa una grave crisis para el gobierno Petro, al implicar a su círculo cercano en una presunta red de corrupción para intercambiar contratos por apoyo político en el Congreso.