La ley estadounidense prohíbe el “apoyo material” a estas organizaciones, un concepto amplio que puede incluir desde financiación hasta servicios logísticos, asesoría o intermediación.

Esto crea un riesgo jurídico para los países facilitadores del proceso, como Catar, que ha financiado la logística de la mesa de diálogo. Aunque Catar ha mediado con otros grupos designados como terroristas, como Hamás o los talibanes, esos procesos contaban con el aval de Estados Unidos, algo que no ocurre en este caso, donde la administración Trump ha mostrado desconfianza hacia la política de 'Paz Total'. La designación del EGC como terrorista, calificado por el secretario de Estado Marco Rubio como una “organización criminal violenta”, dificulta la logística, la financiación y la legitimidad de la negociación, y reduce las garantías jurídicas para los combatientes que consideren acogerse a la justicia, poniendo en jaque uno de los avances más concretos de la 'Paz Total'.