Esta medida le otorga facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley, permitiéndole imponer nuevos impuestos sin la aprobación del Legislativo, lo que ha generado un intenso debate sobre un posible rompimiento del orden constitucional. La decisión del Ejecutivo se presenta como una respuesta a la crisis fiscal generada por el archivo de la ley de financiamiento, que dejó un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la medida, argumentando que “en los últimos 30 años no existe ningún antecedente en el cual el Congreso de la República apruebe un presupuesto asociado a una ley de financiamiento y dos meses después la niegue”. El gobierno califica esto como un “hecho sobreviniente” que justifica la excepcionalidad.

Los borradores de decretos que han circulado buscan revivir una versión radical de la reforma tributaria, contemplando el aumento del gravamen a los movimientos financieros de 4x1.000 a 5x1.000, la ampliación del impuesto al patrimonio para capitales desde 2.000 millones de pesos, y nuevos tributos a juegos de azar, licores y la extracción de hidrocarburos. Esta maniobra ha sido calificada por analistas como un “zarpazo a las atribuciones asignadas constitucionalmente al Congreso” y una violación del principio democrático de “no hay impuestos sin representación”.

La medida pone a prueba el sistema de controles institucionales, ya que la Corte Constitucional deberá revisar su legalidad, aunque el gobierno podría recaudar impuestos durante meses mientras el tribunal toma una decisión, especialmente al decretarse durante la vacancia judicial.