Esta clasificación impone severas sanciones y complica drásticamente el proceso de negociación que el gobierno colombiano adelanta con este grupo armado en Catar. La designación, anunciada por el Departamento de Estado el 16 de diciembre, califica al también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como una “organización criminal violenta financiada por tráfico de cocaína”.

Las implicaciones son inmediatas y profundas: se prohíbe cualquier tipo de “apoyo material” al grupo, un concepto amplio que incluye no solo dinero o armas, sino también servicios, logística, asesoría o intermediación.

Esto pone en una posición delicada a los países facilitadores como Catar, que ha financiado la logística de la mesa de diálogo.

Según expertos, esta medida crea un riesgo para Catar, un país que prioriza su relación con Estados Unidos.

El anuncio choca con los avances recientes en la negociación, donde el gobierno y el Clan del Golfo habían acordado la concentración de combatientes en tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) a partir de marzo de 2026, como un paso hacia la desmovilización. La nueva clasificación estadounidense pone en riesgo la financiación, la legitimidad y el horizonte jurídico de todo el proceso, ya que los combatientes enfrentan mayores temores de extradición y la logística de la negociación se vuelve mucho más compleja.