El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha escalado hasta el círculo cercano del presidente Petro, con la solicitud de detención domiciliaria para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La Procuraduría respaldó la petición de la Fiscalía, argumentando la gravedad de los delitos imputados y la posible obstrucción a la justicia. Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Se les acusa de ser posibles determinadores en un entramado que habría direccionado contratos por más de 612 mil millones de pesos.
Ambos se declararon inocentes.
La audiencia tomó un giro dramático cuando el exministro Velasco, en su defensa, afirmó que fue Laura Sarabia, “por instrucciones del señor presidente”, quien le pidió vincular a Olmedo López en un cargo directivo en la UNGRD cuando él estuvo encargado de la entidad en abril de 2023. Velasco aseguró que, tras reunirse con López y advertir sobre investigaciones en su contra, decidió no acatar la instrucción, lo que le generó un distanciamiento con sectores del Gobierno. “Todos los acuerdos políticos que adelanté con el Congreso los consulté con el Presidente”, añadió Velasco, implicando directamente al primer mandatario en las negociaciones políticas. La Procuraduría, por su parte, consideró que la medida de aseguramiento es necesaria, mientras que los exministros pidieron defenderse en libertad.
La decisión final del Tribunal Superior de Bogotá sobre si enfrentarán el proceso desde sus casas está pendiente.
En resumenLa solicitud de detención domiciliaria para los exministros Bonilla y Velasco, respaldada por la Procuraduría, agrava la crisis del gobierno Petro por el caso UNGRD. Las declaraciones de Velasco, que involucran directamente a la Presidencia en el nombramiento de Olmedo López, añaden una nueva y explosiva dimensión política al escándalo de corrupción.