El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha escalado hasta los más altos niveles del Gobierno Petro, con la imputación de cargos a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior). La Fiscalía los acusa de ser posibles determinadores en un entramado de corrupción que habría direccionado contratos por más de 612 mil millones de pesos, imputándoles delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. En una audiencia clave, el delegado de la Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento domiciliaria para ambos exfuncionarios. El Ministerio Público argumentó que, durante su gestión, el gobierno se benefició del esquema de corrupción confesado por los exdirectivos de la UNGRD.
Ambos exministros se han declarado inocentes.
Durante la diligencia, Luis Fernando Velasco se defendió afirmando que actuó bajo órdenes directas de la Presidencia. Sostuvo que Laura Sarabia, por instrucciones del presidente Petro, le pidió vincular a Olmedo López en un cargo directivo de la entidad, a pesar de las advertencias sobre investigaciones en su contra. Velasco declaró: “Señora magistrada, a (la) Presidencia le advirtieron en comunicación que se consiguen medios abiertos que contra él se le ha pedido una investigación penal por defraudar a su socio”.
Esta declaración implica directamente al círculo más cercano del presidente en el nombramiento de una figura central en el escándalo.
En resumenLa solicitud de detención domiciliaria para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marca un punto crítico en el caso de corrupción de la UNGRD. La defensa de Velasco, que apunta a la Presidencia como responsable del nombramiento de Olmedo López, añade una nueva y explosiva dimensión política al proceso judicial que sacude al gobierno.