La caída de la reforma deja un significativo hueco fiscal para el próximo año, lo que llevó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, a no descartar la declaración de una emergencia económica para expedir decretos con fuerza de ley, una medida que expertos consideran jurídicamente cuestionable. La reacción del presidente Petro fue inmediata y enérgica, acusando a los congresistas de oposición de actuar por “odio político” y de ser “extorsionistas”. Además, vinculó directamente esta derrota con su decisión de reactivar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, enmarcando el bloqueo legislativo como una prueba de que se necesitan cambios institucionales profundos. La oposición, por su parte, celebró el archivo como un acto de independencia del Congreso y una irresponsabilidad del Gobierno al presentar una reforma sin las condiciones adecuadas.