Ahora, los imputados deberán decidir si reconocen su responsabilidad ante la JEP; de no hacerlo, se enfrentarán a un juicio adversarial donde podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de cárcel. Esta decisión judicial no solo busca impartir justicia, sino también reescribir una parte fundamental de la historia del conflicto colombiano.