Tras un largo proceso, todos los ministros del gabinete firmaron los acuerdos interculturales para formalizar ocho territorios indígenas priorizados, principalmente en la Amazonía, dejando únicamente pendiente la firma del presidente para que el decreto entre en vigencia. Este avance representa un cambio estructural en el ordenamiento territorial y político del país, ya que las ETI entrarán a formar parte del mapa de Colombia con un estatus similar al de los municipios, departamentos y distritos. Esto les otorgará autonomía para gobernar sus territorios y administrar directamente los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a salud, educación y agua potable, según un fallo reciente de la Corte Constitucional. La formalización de estas entidades es el resultado de años de trabajo de las comunidades indígenas, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, para cumplir con los requisitos legales establecidos en un decreto de 2018. La decisión de los pueblos indígenas de suspender el diálogo con el gobierno sobre otros temas hasta que se materializaran las ETI fue un factor de presión clave. Para el gobierno, este paso no solo cumple una promesa constitucional, sino que se alinea con sus políticas de protección ambiental y reconocimiento de la autoridad indígena en territorios estratégicos para la conservación.