La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este hecho representa uno de los golpes más duros para el gobierno de Gustavo Petro, al implicar a dos de sus exfuncionarios más importantes en una presunta red de compra de apoyo legislativo en el Congreso. Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, Bonilla y Velasco habrían “liderado, promovido y encabezado la organización criminal”, ordenando el direccionamiento de contratos por más de 612.000 millones de pesos desde la UNGRD e Invías para favorecer a congresistas. El objetivo era asegurar los votos necesarios para la aprobación de proyectos clave del Gobierno, como las reformas pensional y a la salud. Durante la audiencia, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, y solicitó medida de aseguramiento domiciliaria para ambos.
Los exministros se declararon inocentes y rechazaron los cargos.
Bonilla afirmó: “Soy inocente”, mientras que Velasco expresó estar “muy confundido” con la acusación y aseguró que no negociará con la Fiscalía. La investigación también ha salpicado a nuevos actores, como la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, quien habría servido de enlace para la entrega de contratos relacionados con la reforma pensional.
En resumenLa imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presuntamente liderar una red de corrupción en la UNGRD para comprar votos en el Congreso, escala el escándalo a los niveles más altos del antiguo gabinete de Petro. Aunque ambos se declararon inocentes, la acusación de la Fiscalía impacta directamente la legitimidad de las reformas gubernamentales y la credibilidad de la administración.