La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, marcando un punto crítico en la investigación del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso investiga el presunto desvío de fondos públicos para asegurar apoyo político a las reformas del Gobierno en el Congreso. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, acusó a los exministros de liderar una “organización criminal” que buscaba direccionar contratos por más de 612.000 millones de pesos desde la UNGRD e Invías para favorecer a congresistas. Según la imputación, el objetivo era “comprar parlamentarios mediante la entrega de contratos” a cambio de su voto favorable en proyectos clave como las reformas pensional y de salud. La Fiscalía detalló que Velasco habría ordenado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, apoyar la reforma pensional entregando contratos a congresistas de la Comisión Séptima, con la senadora Martha Peralta actuando como presunto enlace. A ambos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Tras la imputación, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento de detención domiciliaria, argumentando que en libertad podrían obstruir la justicia. Ambos exministros rechazaron los cargos y manifestaron que no buscarán un acuerdo con la Fiscalía.
Bonilla declaró: “nunca he tenido un peso de la actividad ilícita”.
Por su parte, Velasco expresó su confusión ante las acusaciones, preguntando: “¿Cómo me voy a defender si me acusan de haber intentado comprar a 8 congresistas de la comisión primera y no se quienes son?”. La audiencia para decidir sobre la medida de aseguramiento se fijó para el 15 de diciembre.
En resumenLa imputación formal y la solicitud de detención para dos exministros del gabinete de Gustavo Petro por presuntamente liderar un entramado de corrupción para comprar votos legislativos representa una de las crisis políticas más graves para el actual gobierno, llevando el escándalo de la UNGRD a las más altas esferas del poder ejecutivo.