Esta condena revierte por completo el fallo absolutorio de primera instancia y representa un duro golpe judicial y político para la familia Uribe. El fallo se basa en testimonios que, según el tribunal, demuestran la participación activa del ganadero en la estructura criminal que operaba desde la hacienda La Carolina. El abogado defensor, Jaime Granados, anunció que impugnará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, afirmando que "las pruebas categóricamente muestran que Santiago Uribe es inocente". El presidente Gustavo Petro reaccionó a la condena, vinculándola con el origen del paramilitarismo en Antioquia, lo que provocó una airada respuesta del Centro Democrático, que acusó al mandatario de usar el caso como una "cortina de humo". Políticamente, la sentencia llega en un momento delicado, justo cuando Álvaro Uribe celebraba su propia absolución en el caso de manipulación de testigos y buscaba consolidar una gran coalición de oposición para 2026. La condena a su hermano revive las acusaciones sobre los vínculos de su entorno con el paramilitarismo, lo que podría afectar su capacidad de atraer a sectores de centro y empaña su capital político.