El Consejo Nacional Electoral impuso una sanción sin precedentes a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, un hecho que marca un hito en la historia política del país y genera un profundo impacto en el actual gobierno. La decisión, que encuentra a la campaña responsable de violar los topes de gastos y recibir financiación de fuentes prohibidas, abre múltiples frentes judiciales y políticos contra el presidente y su círculo cercano. La determinación, aprobada con una votación de 6 a 3, es el resultado de una investigación que concluyó que la campaña superó los límites de gasto en más de 3.000 millones de pesos y ocultó aportes de sindicatos como Fecode y la USO, cuya financiación a campañas presidenciales está prohibida por ley. Como consecuencia, el CNE impuso una multa de aproximadamente 5.922 millones de pesos a los responsables financieros, incluyendo al entonces gerente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, así como a la tesorera Lucy Mogollón y la auditora María Lucy Soto. Adicionalmente, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica fueron multados por cerca de 600 millones de pesos. La reacción del presidente Petro fue de rechazo contundente, calificando la decisión de antidemocrática y parcializada.
“¡Que lindos!
nos sanciona a nuestra campaña Fico, Uribe y Néstor Martinez nuestra campaña,a través de su abogado vuelto juez”, expresó en redes sociales, añadiendo un desafiante “¡Mamola!”.
Esta sanción no solo representa un golpe a la legitimidad de su elección, sino que también activa procesos en otras instancias. El CNE compulsó copias a la Fiscalía para que investigue penalmente a Roa por posible fraude procesal y delitos electorales, y a la Comisión de Acusación de la Cámara para que indague la responsabilidad del propio presidente, lo que podría derivar en un juicio político. La defensa de la campaña aún puede recurrir la decisión ante el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra.
En resumenLa sanción del CNE a la campaña de Gustavo Petro por irregularidades financieras constituye un hecho histórico que debilita al gobierno, pone en entredicho la continuidad de Ricardo Roa en Ecopetrol y abre la puerta a investigaciones penales y políticas contra el presidente y sus colaboradores.