Los rastreos se habrían extendido incluso a familiares de los investigados. La Procuraduría busca establecer quiénes ordenaron estas solicitudes y si se cumplieron los requisitos legales, pidiendo a la petrolera la lista de funcionarios responsables y los argumentos jurídicos utilizados.

Críticos como el periodista Daniel Coronell han sugerido que Ecopetrol podría estar utilizando a la UIAF no solo para fines legítimos de control, sino también para “espiar” y mantener controlados a sindicalistas o exdirectivos.

Por su parte, Ecopetrol ha defendido la legalidad del convenio, amparándose en el Plan Nacional de Inteligencia. Sin embargo, la falta de claridad sobre los criterios de selección de los investigados y el uso de la información ha generado una crisis de confianza que apunta a un deterioro institucional dentro de la compañía petrolera estatal.