Para intentar ganar apoyos, el Gobierno ha realizado ajustes significativos, reduciendo el recaudo esperado de 26 billones de pesos iniciales a cerca de 16,3 billones, y eliminando propuestas controvertidas como los impuestos a los combustibles y los gravámenes a las iglesias. A pesar de estos cambios, el ambiente en el Congreso es adverso, con la oposición asegurando tener los votos para hundir la reforma. La falta de quórum ha afectado las sesiones, y el tiempo apremia, ya que la discusión debe concluir antes del receso legislativo del 16 de diciembre. La posible derrota de este proyecto representaría un duro golpe para las finanzas del Gobierno y su capacidad de ejecución presupuestaria para el próximo año.