Este fallo representa un golpe significativo para el uribismo y reaviva el debate sobre los vínculos entre élites políticas y el paramilitarismo.

La sentencia de segunda instancia encontró a Uribe Vélez culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en conexión con las actividades del grupo que operó en Yarumal, Antioquia, en la década de 1990, y por el asesinato del campesino Camilo Barrientos. La decisión judicial contrasta radicalmente con el fallo de primera instancia que lo había absuelto, argumentando falta de solidez en los testigos.

El Tribunal consideró que las pruebas demostraban sólidamente que Santiago Uribe fue “líder y dirigente del grupo criminal”. La condena ha generado un fuerte impacto político, ya que empaña la reciente absolución del expresidente Uribe en su propio caso por soborno a testigos y debilita su figura como líder de la oposición de cara a las elecciones de 2026. Al conocer la noticia, el expresidente manifestó en redes sociales: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano.

Dios nos ayude”.

La defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, anunció que presentará un recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras líderes del Pacto Histórico celebraron la decisión como una victoria para las víctimas, el Centro Democrático la calificó como una persecución sistemática contra la familia Uribe Vélez.