Actualmente, los embajadores designados por el presidente deben acreditar una carrera profesional, maestría y una segunda lengua, requisitos que ya habían sido flexibilizados al eliminarse la exigencia de un segundo idioma previamente. El presidente de la Asociación Diplomática y Consular, Julián Silva, advirtió que los cargos quedarían prácticamente sin requisitos. El sindicato Unidiplo anunció acciones legales contra el decreto, y la internacionalista Sandra Borda lo calificó como una preparación para "la repartija de puestos diplomáticos (...) de proporciones épicas" en el último año de gobierno. En respuesta a las críticas, el presidente Petro defendió la propuesta amparándose en sus facultades constitucionales: "El presidente dirige las relaciones exteriores", afirmó, minimizando la controversia sobre la idoneidad de los futuros representantes del país en el exterior.