Esta sanción, junto a las tensiones con figuras como el senador Marco Rubio, ha generado consecuencias tangibles para la gobernabilidad, las operaciones del Estado y las relaciones bilaterales.

Uno de los efectos más notorios fue la suspensión del soporte técnico al helicóptero presidencial AW139 por parte de la empresa italiana Leonardo Helicopters. La compañía notificó que, debido a las "disposiciones regulatorias recientes emitidas en Estados Unidos", debía suspender las actividades de mantenimiento mientras tramitaba una licencia ante la OFAC. En respuesta, un contrariado presidente Petro anunció que demandaría a la firma por incumplimiento de contrato y ordenó la venta de la aeronave.

Este incidente se suma a las dificultades reportadas para el abastecimiento de combustible del avión presidencial FAC-001 en el extranjero. La situación también ha afectado el ámbito personal del mandatario; Petro afirmó que la primera dama, Verónica Alcocer, "no puede llegar aquí porque no puede", atribuyendo su ausencia en Colombia a las restricciones de la sanción. En medio de esta escalada, el presidente ha adoptado un tono desafiante, especialmente hacia el senador Marco Rubio, a quien acusó de buscar su encarcelamiento: "Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla". El gobierno colombiano ha enviado una nota verbal a Estados Unidos solicitando la exclusión del presidente de la lista, calificando la medida de "injusta" y perjudicial para la relación bilateral. Mientras tanto, la administración de Donald Trump considera retirarle a Colombia el estatus de Aliado Mayor Extra-OTAN, lo que representaría un golpe estratégico significativo.