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Este documento es la primera evidencia oficial de cómo las sanciones dirigidas a un individuo comienzan a afectar la infraestructura del Estado. La sanción no es sobre la aeronave, sino sobre el presidente. Como respuesta, el presidente Petro anunció la posible venta del helicóptero, afirmando que la compañía Leonardo Helicopters “ofrende a Colombia”. Este incidente se suma a otros problemas derivados de la sanción, como las dificultades que tuvo el avión presidencial FAC 001 para abastecerse de combustible durante una gira internacional. La Cancillería colombiana ya ha enviado una nota verbal al gobierno estadounidense solicitando justificaciones sobre la inclusión del presidente y su familia en la lista, y pidiendo que sea retirado de la misma, argumentando que las restricciones afectan el ejercicio de sus funciones.