La defensa del presidente a los operativos, que según Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo han causado la muerte de 15 menores entre agosto y noviembre, se basa en la necesidad de proteger a las tropas y en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Petro argumentó que la operación en Guaviare, donde fallecieron siete menores, se ordenó para evitar una emboscada a 20 soldados por parte de una columna de entre 120 y 150 guerrilleros.

“Si abandonamos el bombardeo (...), entonces ellos van a reclutar más niños porque saben y han entendido que la forma en que no los ataquemos con fuerza es reclutar niños”, afirmó el mandatario.

Esta justificación contrasta fuertemente con su postura como senador, cuando criticó al gobierno de Iván Duque por la muerte de menores en bombardeos, a quienes el entonces ministro de Defensa llamó “máquinas de guerra”. El actual ministro, Pedro Sánchez, ha sostenido que los menores eran “combatientes en función continua de combate” que perdían su protección al participar en las hostilidades. La controversia ha escalado al Congreso, donde la representante Katherine Miranda radicó una moción de censura contra el ministro Sánchez, la cual ha recibido firmas incluso de congresistas del Pacto Histórico, evidenciando fisuras dentro de la coalición de gobierno. La Procuraduría también ha abierto cinco indagaciones preliminares para determinar si se violó el DIH.