Ahora, la producción pública se ha reducido casi a cero.

Sin embargo, la ley no prohíbe las encuestas privadas, por lo que las campañas y los grupos de poder continúan accediendo a esta información crucial, mientras que la ciudadanía y los medios de comunicación permanecen en la oscuridad. Este cambio modifica sustancialmente el desarrollo de la contienda electoral, pues, como señalan los expertos, se ha pasado "de la mala información visible a la pésima información disponible solo por los más ricos y poderosos". El resultado es un mercado opaco de sondeos y pronósticos que pueden "producir intoxicación en los consumidores" y un entorno donde el debate democrático se ve seriamente limitado por la falta de datos accesibles y verificables.