El gobierno de Gustavo Petro ha oficializado la compra de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, en una transacción valorada en 3.100 millones de euros (aproximadamente 16,5 billones de pesos). Este acuerdo representa la inversión en defensa más grande de la historia reciente de Colombia y marca un punto de inflexión en la política de seguridad del actual gobierno. La firma del contrato, realizada durante la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), tiene como objetivo reemplazar la obsoleta flota de aviones Kfir, en servicio desde la década de 1980. El presidente Petro defendió la adquisición como "un arma disuasoria para alcanzar la paz", un argumento que contrasta fuertemente con sus críticas pasadas a este tipo de inversiones militares.
La compra se financiará a lo largo de los próximos siete años, lo que significa que gran parte del costo será asumido por los dos siguientes gobiernos.
La decisión ha generado controversia política.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó con visible incomodidad ante preguntas sobre posibles comisiones en el contrato.
Además, la oposición ha vinculado la compra con la prolongada estadía de la primera dama, Verónica Alcocer, en Suecia, sugiriendo un posible conflicto de intereses. A pesar de que la elección de los Gripen suecos sobre los F-16 estadounidenses se presenta como una búsqueda de mayor autonomía, la aeronave depende de componentes clave de EE. UU., como su motor, lo que mantiene un grado de dependencia en medio de las tensiones diplomáticas con la administración Trump.
En resumenLa adquisición de los aviones Gripen constituye una decisión estratégica y financiera de enorme magnitud para Colombia, que redefine la capacidad de defensa del país. Políticamente, evidencia un pragmatismo del gobierno Petro en materia de seguridad, aunque le ha valido críticas por su costo, su aparente contradicción ideológica y las suspicacias que rodean la negociación.