El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en una etapa decisiva para determinar si sanciona a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por presunta violación de topes de gastos y financiación con fuentes prohibidas. Una ponencia, elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, propone multas que rondan los 6.000 millones de pesos contra el gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como contra otros directivos y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. La investigación se centra en irregularidades que, según la ponencia, superarían los límites de gastos en más de 3.000 millones de pesos. Entre los puntos clave se encuentran la presunta omisión en el reporte de donaciones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) por más de 500 millones de pesos y una megaoperación de pagos a testigos electorales que no habría sido debidamente registrada.
La votación en la Sala Plena del CNE ha resultado ajustada. En una sesión reciente, el resultado fue de cinco votos a favor de la ponencia y dos en contra, sin alcanzar la mayoría de seis votos necesaria para una decisión. Ante el empate técnico, el caso fue remitido a dos conjueces, los abogados Jorge Iván Acuña y Majer Nayi Abushihab, quienes tendrán la responsabilidad de dirimir el expediente. La defensa de la campaña y magistrados cercanos al oficialismo argumentan que los tiempos de la investigación ya vencieron, lo que podría llevar a la caducidad del proceso. Sin embargo, los ponentes sostienen que el plazo legal puede extenderse, permitiendo un fallo hasta abril de 2026.
La decisión final podría tener un impacto político significativo, siendo la primera vez que el tribunal electoral sancionaría a una campaña presidencial.
En resumenEl proceso en el CNE contra la campaña de Gustavo Petro por presuntas irregularidades financieras ha llegado a un punto crítico, con una votación dividida que deja la decisión en manos de conjueces. La posible sanción, que incluye millonarias multas a figuras clave del gobierno como Ricardo Roa, representa un riesgo legal y de legitimidad para el oficialismo, mientras el fantasma de la caducidad del proceso añade incertidumbre al resultado.