La operación transforma a la Nueva EPS en una entidad de control mixto, similar a Ecopetrol, donde el Gobierno tendrá una posición dominante en las decisiones estratégicas. El presidente Gustavo Petro justificó la movida argumentando que el Estado ya era dueño de la mitad de la deuda de la entidad “desde su fundación” y que esta adquisición permitiría un mayor control sobre una deuda que comparó con el subsidio a la gasolina. La transacción busca inyectar recursos a la EPS, que se encuentra intervenida desde abril de 2024 y enfrenta una grave crisis financiera con deudas que superan los 21 billones de pesos. Sin embargo, la medida genera preocupación por la posible pérdida de la experiencia administrativa de las cajas de compensación y por el impacto fiscal que implica para el Estado asumir la mayoría accionaria de una entidad en dificultades. Simultáneamente, se anunció el nombramiento de Luis Óscar Galves como nuevo agente interventor, en reemplazo de Gloria Polanía, quien renunció tras pocas semanas en el cargo. Este cambio de poder es un paso significativo en la reconfiguración del sistema de salud, alineado con la visión del gobierno de un mayor control estatal sobre el sector.