El gobierno de Gustavo Petro ha intensificado su ofensiva militar contra los grupos armados, ordenando bombardeos en Guaviare y Arauca contra las disidencias de 'Iván Mordisco', lo que evidencia un endurecimiento de su estrategia de seguridad. A pesar de un aumento en las operaciones militares, con un crecimiento del 18% en capturas y bajas, los informes de inteligencia señalan que el pie de fuerza de los grupos ilegales ha crecido significativamente, planteando un serio dilema sobre la efectividad de la estrategia actual. Esta semana, un bombardeo en Guaviare dejó 19 miembros de las disidencias muertos, seguido por otro ataque aéreo en Arauca.
El presidente Petro asumió personalmente la responsabilidad de estas operaciones, reconociendo el riesgo de afectar a menores reclutados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que se han neutralizado a más de 4,000 integrantes de grupos armados en lo que va del año, una de las cifras “más altas en los últimos años”. Sin embargo, expertos en seguridad y analistas cuestionan la falta de una estrategia clara para frenar el crecimiento y el control territorial de estas organizaciones.
Ángela Olaya, de la Fundación Core, señala que los bombardeos pueden matar a muchos combatientes, en su mayoría jóvenes recién reclutados, pero no logran “desestructurar los grupos”.
La analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, coincide en que falta una estrategia para disputar el control territorial más allá de las operaciones puntuales. La ofensiva actual, centrada en golpear cabecillas y atacar rentas ilegales, se asemeja a las políticas de gobiernos anteriores, pero se desarrolla en un contexto de relaciones tensas con Estados Unidos, un aliado clave en materia de seguridad e inteligencia.
En resumenLa intensificación de la ofensiva militar del gobierno Petro, incluyendo el uso de bombardeos, marca un cambio pragmático en su política de seguridad, pero no ha logrado frenar la expansión de los grupos armados. La falta de una estrategia integral para consolidar el control territorial y desmantelar las estructuras criminales, más allá de los golpes operacionales, deja al país en un ciclo de violencia que recuerda a administraciones pasadas, pero con el desafío adicional de una relación incierta con Estados Unidos.