El presidente Petro justificó su directriz afirmando que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño”. Posteriormente, reiteró su postura con firmeza: “El comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia es el presidente de la república, dice la constitución y es orden”. Sin embargo, el gobierno matizó la medida. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que hubo “una mala interpretación” y que la cooperación en la lucha contra el narcotráfico continuará. El propio Petro condicionó el intercambio de información a que esta se use para “incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que genere capturas con protección de la vida”. Esta crisis se enmarca en un deterioro más amplio de las relaciones, que incluye la revocación de la visa a Petro por parte del gobierno de Donald Trump, la inclusión del presidente y su ministro Benedetti en la Lista Clinton, y la descertificación de Colombia como país aliado en la lucha antinarcóticos. La situación ha generado preocupación en gremios como la Cámara Colombo Americana, que advierte riesgos para la lucha contra el crimen, y ha puesto el tema en el centro del debate de los precandidatos presidenciales para 2026, quienes han expresado posturas diversas que van desde el rechazo a la intervención hasta el apoyo a las acciones de EE.

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