La Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco de múltiples investigaciones en su contra. La diligencia y la airada reacción del ministro han generado una crisis institucional, con acusaciones de abuso de poder y una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría. El operativo, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, se llevó a cabo en la vivienda del ministro en Puerto Colombia (Atlántico). Benedetti reaccionó calificando la diligencia como un "abuso de poder" y profiriendo insultos contra la magistrada, a quien llamó "loca, demente y delincuente".
Sostuvo que la Corte no tiene competencia para investigarlo por hechos posteriores a su fuero como congresista. La esposa del ministro, Adelina Guerrero, describió la llegada de "treinta personas armadas" a su hogar. Como respuesta, la Corte Suprema emitió un comunicado exigiendo respeto a las decisiones judiciales, mientras que la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra Benedetti por sus declaraciones.
El presidente Gustavo Petro respaldó a su ministro, calificando el allanamiento de "ilegal" y transformado en "secuestro de una familia". Las investigaciones contra Benedetti incluyen presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias en Fonade y financiación ilegal de campañas.
La controversia también se ha centrado en la propiedad de la vivienda, que anteriormente perteneció a Álex Saab y cuyo leasing fue cedido a Benedetti por el empresario Ricardo Leyva, quien posteriormente obtuvo un contrato directo con RTVC.
En resumenEl allanamiento a la casa del ministro Benedetti ha desatado un grave conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial, caracterizado por las duras acusaciones del ministro contra la magistrada Lombana, un llamado al respeto por parte de la Corte Suprema y la apertura de una investigación disciplinaria de la Procuraduría.