Petro calificó estas operaciones como "ejecuciones extrajudiciales" y argumentó que "la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño".

La medida se alinea con una decisión similar del Reino Unido, que también habría suspendido su cooperación por considerar ilegales dichos bombardeos. La orden generó una ola de críticas por parte de la oposición. El expresidente Iván Duque la calificó como "una verdadera estupidez", advirtiendo que debilita la seguridad de Colombia, mientras que el exsenador Juan Manuel Galán afirmó que "Petro juega con fuego" y que la decisión es una "irresponsabilidad".

La exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez también se pronunció en contra, abogando por "más y mejor cooperación". Expertos y diplomáticos advierten que la suspensión podría tener consecuencias directas en la cooperación bilateral en defensa y seguridad regional, debilitando las capacidades de Colombia para combatir economías ilegales. Este quiebre se produce en un contexto de relaciones ya tensas, exacerbadas por un supuesto plan estadounidense para judicializar al mandatario colombiano, lo que abre un capítulo incierto en una relación que ha sido pilar de la política exterior del país durante décadas.