La decisión de la comisión, liderada por el senador Miguel Ángel Pinto, se fundamenta en que la ley impide tramitar proyectos que generen un impacto fiscal sin el correspondiente aval del Ministerio de Hacienda. A pesar de que el gobierno insiste en que dicho aval existe, los senadores han mantenido la suspensión. El anuncio del “Plan B” ha generado especulaciones sobre las herramientas que podría utilizar el presidente, que van desde la expedición de decretos hasta la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, una idea que el mandatario ha mencionado en el pasado como respuesta a bloqueos institucionales. La oposición ha reaccionado con dureza, acusando al presidente de irrespetar la autonomía del Congreso y de querer gobernar por “decretazo”.