Los registros judiciales son contundentes: el M-19 fue condenado en primera y segunda instancia por delitos como homicidio agravado, secuestro y terrorismo.

Figuras como Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolff fueron sentenciados, aunque la ejecución de sus penas fue suspendida por indultos y amnistías, sin que esto anulara su responsabilidad penal. Carlos Medellín Becerra, hijo de un magistrado asesinado, reveló que el expediente original del proceso, que incluía una resolución de acusación contra Gustavo Petro, fue robado en 1991, afectando la memoria judicial. En contraste, el presidente Petro ha calificado la toma como “una genialidad” del comandante Luis Otero y un acto de insurrección en respuesta al incumplimiento de acuerdos de paz. Esta visión es rechazada por altos funcionarios de la justicia, como el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien afirmó que “la toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino demencial, un acto terrorista”. La falta de un relato unificado, según analistas, se debe a que tanto miembros del establecimiento como exmilitantes del M-19 mantienen una pelea por una narrativa que exalta a su respectivo bando, obligando a los ciudadanos a tomar partido.