Su movimiento, Independientes, enfrenta el desafío de no contar con personería jurídica, lo que lo obliga a una carrera contrarreloj para validar su candidatura y posicionarse como una opción antisistema. La renuncia de Quintero a la consulta del oficialismo fue una jugada estratégica para no inhabilitarse de cara a una eventual participación en la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026. Sin embargo, su principal obstáculo es legal: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado le negaron la personería jurídica a su movimiento por no alcanzar el umbral requerido en elecciones legislativas.

Esto lo obliga a recoger aproximadamente 630.000 firmas válidas antes del 17 de diciembre de 2025, un proceso que aún no ha podido iniciar formalmente porque la Registraduría debe primero aprobar su comité promotor. La Registraduría, a su vez, solicitó al Pacto Histórico aclarar si Quintero fue considerado precandidato en su consulta, a pesar de su retiro, ya que su nombre apareció en el tarjetón y recibió unos 150.000 votos. Este limbo jurídico define el futuro de su aspiración.

Quintero busca capitalizar estos obstáculos presentándose como una figura que reta tanto al uribismo como al petrismo, en una apuesta personalista que depende más de su exposición mediática que de una estructura partidista tradicional.