Esta sanción, junto a un discurso confrontacional por parte de ambos gobiernos, genera una crisis diplomática con profundas implicaciones políticas y económicas para el país. La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos de incluir al mandatario, a la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior en su lista de sancionados financieros, usualmente reservada para personas vinculadas al narcotráfico o terrorismo, representa una escalada sin precedentes. Esta medida se suma a una serie de fricciones, como la descertificación de la política antidrogas de Colombia y los duros intercambios verbales entre Petro y Donald Trump. El gobierno colombiano ha reaccionado enérgicamente; el presidente Petro calificó la inclusión como una persecución y ha buscado mediación internacional, solicitando al emir de Catar que interceda para “desescalar” el conflicto. La situación ha generado una fuerte reacción interna, con la oposición, a través de figuras como Enrique Vargas Lleras, pidiendo a la plataforma X que evalúe la suspensión de la cuenta de Petro por su discurso agresivo. A nivel práctico, la sanción complica la operatividad del gobierno, como se evidencia en los reportes sobre dificultades para el reabastecimiento del avión presidencial y el anuncio desafiante de Petro de que viajará a Nueva York para asistir a la ONU, “así no quieran recibirme”.