Ante la falta de una decisión, Quintero interpuso una acción de tutela alegando una violación a sus derechos políticos fundamentales. Mientras tanto, el tiempo corre en su contra, ya que el plazo para la entrega de las 635,000 firmas válidas vence el 17 de diciembre, un objetivo difícil de alcanzar sin la pronta habilitación de su comité. La situación de Quintero pone a prueba la interpretación de las normas electorales y podría sentar un precedente sobre los límites de la participación en consultas interpartidistas.