La vicepresidenta Francia Márquez lamentó la exclusión del componente étnico, calificándola como un “retroceso significativo”. Por su parte, la JEP aseguró que, a pesar de la medida, “se garantizará la verificación del cumplimiento de las sentencias” a través de su propio sistema. Este cambio en el mandato de la misión refleja las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos y debilita el consenso internacional que había respaldado de manera integral la implementación del acuerdo.