El gobierno de Gustavo Petro ha formalizado su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que ha generado un profundo debate sobre su viabilidad y pertinencia. El exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dio a conocer un borrador de proyecto de ley que establece el mecanismo para una reforma integral a la Constitución, argumentando un supuesto "bloqueo institucional" por parte del Congreso a las reformas sociales del gobierno. El proyecto propone una asamblea de 71 delegatarios, de los cuales solo 44 serían elegidos por circunscripción nacional, mientras que el resto provendría de grupos étnicos y sociales específicos, un punto que la oposición critica como una forma de asegurar mayorías para el gobierno.
La iniciativa establece como única "línea roja" la no revocatoria del Congreso. La propuesta ha encontrado una fuerte resistencia institucional.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado a "proteger la Constitución de 1991", calificándola como el "pacto colectivo" fundamental de la democracia colombiana.
Por su parte, el presidente del Congreso, Lidio García, advirtió que "las constituyentes no pueden ser convocadas para resolver coyunturas políticas".
Los críticos señalan que la propuesta es inviable tanto en tiempos como en apoyo político, ya que requeriría mayorías en ambas cámaras y el voto favorable de aproximadamente 13 millones de colombianos, una cifra superior a la que eligió a Petro. Además, el borrador del proyecto no contempla la eliminación del Congreso ni la reelección presidencial, como afirmaban algunas versiones falsas en redes sociales.
En resumenLa propuesta de Asamblea Constituyente del gobierno Petro, justificada por un "bloqueo institucional", ha sido recibida con escepticismo y fuerte oposición por parte del poder judicial y legislativo. Aunque el borrador no incluye medidas extremas como la eliminación del Congreso, su viabilidad política y los cuestionamientos sobre su composición han generado un intenso debate sobre la estabilidad del orden constitucional de 1991.