El argumento central es que el Presupuesto General de la Nación para 2026 no contempla los recursos adicionales necesarios para la transición al nuevo modelo de salud, lo que violaría la Ley 819 de 2003 sobre responsabilidad fiscal. “No podemos aprobar una reforma de esta magnitud sin saber de dónde saldrán los recursos”, señaló Blel, acusando al gobierno de pretender que se legisle “a ciegas”.

La reacción del Ejecutivo fue inmediata y contundente.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó a la comisión de “totalmente inoperante” y de “mamarle gallo” a la reforma. Por su parte, el presidente Gustavo Petro escaló la crítica, calificando la decisión como una “traición de la mayoría de la comisión séptima” y reiteró su llamado a una Asamblea Constituyente como vía para superar los que considera “bloqueos institucionales”. Este estancamiento legislativo no solo evidencia la frágil gobernabilidad del oficialismo en el Congreso, sino que también profundiza la polarización política en torno a las reformas sociales.