El Departamento del Tesoro de EE. UU. justificó la sanción, que afecta al presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti, alegando que el gobierno colombiano ha otorgado “beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’” y que la producción de cocaína ha alcanzado “niveles récord”. La reacción del presidente Petro fue contundente, calificando la decisión como “una arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y una maniobra política del gobierno de Donald Trump para desestabilizarlo. Petro afirmó no tener bienes en Estados Unidos —“no tengo un dólar en Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme”— y anunció que su defensa legal en ese país estará a cargo del abogado Dan Kovalik, quien prepara una impugnación formal ante la OFAC y analiza una demanda por difamación contra Trump. En medio de su defensa, el mandatario también reveló estar separado “hace años” de Verónica Alcocer, argumentando que su inclusión en la lista es una forma de perjudicarla “gratuitamente”. La medida implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses, lo que ha llevado a Asobancaria a confirmar que el sector financiero colombiano cumplirá con los estándares internacionales, derivando en el bloqueo de productos financieros de los sancionados en Colombia.