Además, declararon ilegales las interceptaciones telefónicas al expresidente, al considerar que violaron su derecho a la intimidad.

La decisión generó reacciones inmediatas en todo el espectro político. El uribismo y juristas afines celebraron el fallo como una victoria del derecho y la justicia. En contraste, la Fiscalía General de la Nación y las víctimas acreditadas en el proceso, como el senador Iván Cepeda y el exministro Eduardo Montealegre, anunciaron que interpondrán un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, el último recurso legal disponible, que podría tardar hasta cinco años en resolverse. La absolución de Uribe no solo reconfigura el panorama judicial, sino que también revitaliza su figura política de cara a las elecciones de 2026, donde se espera que su influencia sea decisiva.