El Departamento del Tesoro de EE. UU. justificó la decisión alegando que, bajo el gobierno de Petro, “la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas” y que el presidente “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’”. La sanción implica el congelamiento de activos en jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con ciudadanos o empresas de ese país, lo que en la práctica se considera una “muerte financiera”.

La reacción del gobierno colombiano fue inmediata y enérgica.

El presidente Petro calificó la medida como una “paradoja” y una represalia por su lucha histórica contra el narcotráfico, afirmando: “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

Anunció que su defensa estará a cargo del abogado estadounidense Dan Kovalik.

Por su parte, el ministro Benedetti respondió con un desafiante “Gringos go home”, asegurando que la medida es una “farsa armamentista”. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia también rechazó la inclusión, calificándola como una medida “unilateral y discrecional” basada en “un criterio político sin soporte probatorio”. El sector bancario colombiano, a través de Asobancaria, confirmó que deberá acatar los estándares internacionales, lo que implica el bloqueo de cuentas de los sancionados.