El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado formalmente un borrador de proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa, liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, busca reformar la Constitución de 1991 como respuesta a lo que el Ejecutivo califica de un 'bloqueo institucional' que impide el avance de sus reformas sociales. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció desde Shanghái (China) el articulado del proyecto, argumentando que algunas normas de la Constitución de 1991 "se volvieron obsoletas, otras son utilizadas por sectores retardatarios para destruir las conquistas sociales". La propuesta contempla una asamblea de 71 delegatarios elegidos por voto popular, con paridad de género y representación de sectores como campesinos, indígenas, jóvenes y víctimas del conflicto, que sesionaría durante tres meses sin revocar al Congreso. Además, se otorgarían facultades extraordinarias al presidente por seis meses para reglamentar los requisitos de los candidatos.
El presidente Petro aclaró que "el borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas" y que se presentará al Congreso como iniciativa popular. Según Petro, no es un "concepto refundacional", sino una vía para que "la Constitución de 1991 se vuelva realidad".
La propuesta ha generado un rechazo contundente en el Congreso. El presidente del Senado, Lidio García, advirtió que "una constituyente no puede ser fruto de la coyuntura, ni de la urgencia electoral". La senadora Angélica Lozano la calificó como un "caballito de batalla de campaña para buscar la reelección del presidente Petro en 2030". Paloma Valencia, del Centro Democrático, anunció una moción de censura contra Montealegre, acusando al Gobierno de querer "una Constituyente a la venezolana" para "perpetuar a Petro en el poder". Partidos como Cambio Radical y La U también manifestaron su rechazo, argumentando que la iniciativa tiene fines electorales y busca desviar la atención de los problemas urgentes del país.
En resumenLa propuesta de Asamblea Constituyente del gobierno Petro marca un punto de inflexión, presentándose como una solución a la parálisis legislativa pero enfrentando un rechazo contundente en el Congreso y sectores de la oposición, que la ven como una estrategia electoral. El futuro de la iniciativa dependerá de su viabilidad política en el legislativo, el control de la Corte Constitucional y la capacidad de movilización ciudadana en un escenario de alta polarización.