La consulta del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre, enfrenta una profunda incertidumbre jurídica que amenaza la estrategia electoral de la coalición de gobierno para 2026. La falta de una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre si la consulta es de carácter interno o interpartidista ha generado confusión y divisiones internas, llevando incluso a la renuncia del precandidato Daniel Quintero. El núcleo del problema radica en que, si la consulta es declarada "interpartidista", el ganador quedaría inhabilitado para participar en la consulta más amplia del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.
Esto obligaría al Pacto Histórico a presentar un candidato propio directamente en la primera vuelta presidencial, aislándolo de una posible coalición mayor. La senadora María José Pizarro confirmó que, tras una reunión mediada por la Procuraduría con el CNE y la Registraduría, la coalición sigue "sin una respuesta de fondo". La Procuraduría, por su parte, instó al CNE a dar celeridad al proceso para brindar seguridad jurídica.
La renuncia de Daniel Quintero, quien argumentó que se le tendió una "trampa" y que su inscripción fue bajo una medida cautelar que luego se cayó, añade otra capa de complejidad.
Aunque su nombre aparecerá en el tarjetón, su estatus legal es ambiguo.
Este laberinto jurídico y político, a pocos días de la votación, evidencia las dificultades del Pacto Histórico para consolidarse como un partido unificado y pone en riesgo su capacidad para articular una candidatura presidencial de consenso en la izquierda.
En resumenA días de su realización, la consulta interna del Pacto Histórico está en el limbo debido a la indefinición del CNE sobre su carácter jurídico, lo que podría impedir que su candidato participe en una coalición mayor. La renuncia de Daniel Quintero y la falta de claridad amenazan la unidad y la estrategia presidencial de la coalición de gobierno para 2026.