Congresistas de oposición denunciaron adiciones presupuestales a entidades como el DAPRE (con $289.000 millones adicionales) y la Procuraduría (con $587.000 millones más), calificándolas como “mermelada” con fines electorales.

La senadora Angélica Lozano advirtió que estos movimientos exponen el presupuesto a demandas de nulidad. En contraste, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió los incrementos, asegurando que “en cualquier casa de mando de gobierno se necesitan recursos” y negó que fueran para campaña, calificando las acusaciones como “bilis política”. El exministro José Manuel Restrepo se sumó a las críticas, calificando el PGN como “desfinanciado en mínimo 45 billones de pesos” y con “prioridades equivocadas” al recortar sectores como el agro y la defensa.