En consecuencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha fortalecido los esquemas de seguridad. La hipótesis principal sugiere que los autores intelectuales podrían ser exmilitares y expolicías, con el objetivo de desestabilizar el país en plena campaña electoral. La Defensoría del Pueblo ha exigido que la investigación sea una prioridad nacional, advirtiendo que un ataque de esta magnitud sería “un daño muy serio a la democracia colombiana”. El Centro Democrático, por su parte, reclamó al Gobierno garantías para la seguridad de la senadora Valencia, recordando el reciente magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay y denunciando un “sistemático acoso” contra la oposición. Este evento se enmarca en un clima de creciente violencia política, a pocos días de las elecciones de Consejos de Juventud y la consulta del Pacto Histórico, lo que añade tensión al ya polarizado ambiente preelectoral.