La Procuraduría sostiene que se debió realizar una licitación pública que garantizara la pluralidad de oferentes. Además, señala que el aporte de la Casa da Moeda de Portugal es inferior al 50% del valor del convenio, incumpliendo un requisito clave de la Ley 1150 de 2007. La Cancillería, por su parte, ha respondido que el proceso no está en riesgo, que no ha sido notificada formalmente de la demanda y que garantizará la expedición de pasaportes. La ministra Rosa Villavicencio aseguró: “no ha habido, no hay, ni habrá crisis en los pasaportes”. El presidente Petro también defendió el convenio, argumentando que “los datos íntimos de la ciudadanía no deben quedar en manos privadas comerciales”. Este choque institucional pone de manifiesto la tensión entre la autonomía del Ejecutivo para contratar y la vigilancia de los entes de control para proteger la legalidad y los recursos públicos.