El presidente calificó sus declaraciones previas como “juicios de valor y opiniones críticas emitidas en ejercicio del control político”.

Sin embargo, la defensa del fiscal Burgos consideró que la retractación fue insatisfactoria y un “desacato”, argumentando que Petro no admitió expresamente haber difundido información falsa, como lo ordenaba el fallo. El abogado Juan Sebastián Rondón afirmó que el presidente busca “causar confusión en la ciudadanía” al insinuar que Burgos tiene investigaciones relacionadas con los hechos denunciados, lo cual fue desmentido por la Fiscalía. La entidad aclaró en un documento judicial que las indagaciones contra Burgos no están relacionadas con narcotráfico, sino con denuncias de la defensa de Nicolás Petro. Este episodio se suma a otros en los que el presidente ha debido rectificar, abriendo un debate sobre los límites de la libertad de expresión para altos funcionarios y la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial.