El proceso, supervisado por la MAPP-OEA y la Procuraduría, comenzó con la destrucción de 3,8 toneladas de explosivos y municiones. El presidente Petro, presente en el evento, destacó que esta acción forma parte de la construcción de una “seguridad humana, que no se mide en muertos, se mide en vidas”. El acuerdo con la CNEB, liderada por Walter Mendoza, no solo contempla el desarme, sino también compromisos humanitarios como la no vinculación de menores y el desminado. Adicionalmente, el grupo se comprometió a sustituir 30.000 hectáreas de coca por cultivos de cacao, café y caña de azúcar, un gesto simbolizado con la entrega de la “panela de la paz” al mandatario. Como parte del proceso, se crearán dos Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo para 120 combatientes. Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, resaltó que la destrucción de este arsenal evita la fabricación de miles de minas antipersonales. Sin embargo, el avance de los diálogos depende de la aprobación de una ley de sometimiento que brinde un marco jurídico claro, un proyecto que enfrenta un pronóstico complicado en el Congreso.