La designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes se ha convertido en un punto de tensión política y legal para el gobierno de Gustavo Petro, tras revelarse serias irregularidades en la obtención de su título profesional. La controversia ha escalado hasta involucrar a la Fiscalía, el ICFES y ha provocado un enfrentamiento directo entre el presidente y la oposición en el Congreso. El escándalo estalló cuando la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que Guerrero habría obtenido su título de Contadora Pública de la Fundación Universitaria San José sin cumplir el requisito legal de presentar las pruebas de Estado Saber Pro o Saber TyT. Tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el ICFES certificó oficialmente que, en efecto, Guerrero no ha presentado dichas pruebas, aunque tiene una inscripción vigente para hacerlo en noviembre.
Esta confirmación llevó a la Fundación Universitaria San José a iniciar un proceso para anular el título y a destituir a su secretario general por las anomalías.
En respuesta, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Guerrero y directivos de la universidad por presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. A pesar de las evidencias, el presidente Petro defendió a Guerrero en su cuenta de X, afirmando: “No nombré una viceministra con título falso.
El examen que debía presentar Juliana está inscrito desde julio y se realizará en noviembre”.
Esta defensa fue calificada por la representante Pedraza como un acto “descarado” de “hacerse el de la vista gorda con la corrupción”, advirtiendo que denunciará por prevaricato si el nombramiento se concreta. La situación pone en entredicho los filtros de verificación de la Presidencia para altos cargos.
En resumenLas irregularidades en el título profesional de Juliana Guerrero, confirmadas por el ICFES y bajo investigación de la Fiscalía, han frenado su nombramiento como viceministra. El caso ha generado un choque entre el presidente Petro, quien la defiende, y la oposición, que denuncia corrupción y falta de rigor en los nombramientos del Gobierno, evidenciando una crisis de credibilidad y control institucional.