Esta decisión, justificada por una presunta falta de garantías jurídicas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha expuesto las tensiones internas de la coalición de gobierno y ha generado un complejo escenario político y legal.

La controversia se originó cuando el CNE tomó decisiones que alteraron la naturaleza del proceso. Primero, negó el uso del logo del Pacto Histórico en los tarjetones, argumentando que la coalición aún no tiene personería jurídica unificada, y luego, según Quintero, convirtió la consulta de “partidista” a “interpartidista”. Este cambio técnico tiene una implicación crucial: según la Ley 1475 de 2011, el ganador de una consulta interpartidista no podría participar en una segunda consulta, como la del “Frente Amplio” que la izquierda planea para marzo de 2026. Ante este “riesgo jurídico”, Quintero anunció su retiro para no “caer en la trampa”.

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que, por haberse inscrito, Quintero podría quedar inhabilitado para aspirar por otro partido. El presidente Gustavo Petro respaldó las razones de Quintero, calificando la actuación del CNE como un “golpe antidemocrático” que “desbarata a la fuerza” la consulta, aunque reafirmó que el proceso continúa y que él mismo votará. Los otros precandidatos, Iván Cepeda y Carolina Corcho, confirmaron su permanencia, pero exigieron al CNE una certificación que aclare el carácter partidista de la consulta para evitar inhabilidades. La Registraduría Nacional, por su parte, declaró que es “material y presupuestalmente imposible” reimprimir los 39 millones de tarjetones, que ya incluyen el nombre de Quintero y cuyo costo supera los 123 mil millones de pesos, lo que podría acarrear un detrimento patrimonial y sanciones para el partido o el candidato.